Migración y comercio en la relación México-Estados Unidos

Francisco Alba

Migración y comercio en la relación México-Estados Unidos
La migración hacia Estados Unidos —no solo de México, sino también de Centroamérica— se ha transformado en la última década. Esto problematiza las decisiones de política migratoria de un lado y otro del río Bravo. La elecciones en Estados Unidos ponen el tema migratorio en el centro del debate, con todo lo que ello implica para millones de personas y para la relación comercial.

En las campañas presidenciales de Estados Unidos se han generado declaraciones sobre migración y comercio —el muro y la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)— que reverberan como amenazas para México y la relación bilateral.

Hace poco más de 20 años hubo un acuerdo visionario sobre la vinculación positiva entre comercio y migración; esas declaraciones lo echan por tierra. Poco importa que, desde un principio, diversos analistas cuestionaran el argumento de que la liberalización comercial conduciría a reducir las presiones migratorias.1 Importa que se reconocía que una salida a “la cuestión migratoria” tenía que ser compartida. Las declaraciones en 2016 nos advierten que los retos para gobernar la migración, el comercio, la integración y las relaciones bilaterales son muy serios.

En la primera parte de esta nota se resumen las principales características de lo que aquí se denomina complejización migratoria. En la segunda, se alude a la reducción de las opciones de política migratoria. En la última, se busca contribuir a una discusión sobre los retos y oportunidades asociables al nuevo contexto regional.

 

I. Complejización migratoria

 

Una dimensión de la complejización migratoria se relaciona con la continuidad, la intensificación y las nuevas modalidades del tradicional flujo migratorio. La docena de años que siguió a la entrada en vigor del TLCAN fue particularmente intensa en términos de ingresos y residencia de mexicanos en Estados Unidos, con y sin la documentación requerida. Los saldos migratorios netos llegaron a situarse en el orden de medio millón anual, al punto que también se incrementó de manera sostenida el volumen de mexicanos residentes en aquel país —hasta cerca de 12 millones, la mitad de ellos sin autorización para trabajar o residir—, tendencias que se percibieron como producto de la incapacidad de la integración comercial para transformar el país.

En los últimos 10 años, sin embargo, esas tendencias han experimentado una drástica inflexión, hasta llegar a una situación de “migración neta cero” anual, lo que implica que los que emigran equivalen aproximadamente a los que regresan, son devueltos o deportados —flujos cercanos al cuarto de millón de mexicanos en ambos sentidos. Esta evolución ha venido acompañada de nuevos puntos de conflicto: operativos migratorios, erección de muros, alambrados y obstáculos de todo tipo, así como accidentes y muertes de mexicanos en su intento por entrar a Estados Unidos.

Esta drástica reducción de la emigración no suele asociarse, en general, con un mayor bienestar en México; se relaciona, ante todo, con la profunda recesión económica que inició a finales de 2007 y que ha afectado la demanda estadounidense de mano de obra, sobre todo en los sectores nicho de los migrantes mexicanos —la construcción, por ejemplo—, y con una creciente eficacia en los controles fronterizos y las deportaciones, al tiempo que el descenso de la fecundidad se ha traducido en volúmenes decrecientes de nuevas incorporaciones al mercado laboral.

La regionalización es otra dimensión de la complejización migratoria. El número de migrantes centroamericanos a Estados Unidos se ha incrementado de manera más o menos constante. En sintonía con lo anterior, las migraciones del Triángulo Norte en tránsito por México se han comportado de forma muy dinámica. Después de haber descendido, los casos de tránsito migratorio están recuperando los niveles registrados diez años atrás: cerca de 300 mil. A su vez, el volumen de la inmigración de centroamericanos a México (algunas decenas de miles) y el de refugiados (algunos miles) parece estar en ascenso. El fenómeno del tránsito migratorio no es una novedad, pero en el contexto post 9/11, así como en el del deterioro económico y la violencia en Centroamérica, los intentos de México por ejercer un mayor control de su frontera sur han ocasionado un incremento en las detenciones.2

En 2014, llamó la atención el gran número de menores centroamericanos no acompañados que fueron detenidos o que transitaron por México —seguramente a causa de las dificultades crecientes que ha enfrentado la circulación de migrantes en situación irregular, además del deterioro de las condiciones económicas y de seguridad en Centroamérica— en búsqueda de una reunificación familiar, sin importar los caminos ni las modalidades.3 En el caso centroamericano, es de suponer que el papel jugado por los factores económicos y sociales internos —violencia, inseguridad—4 es tan importante como el de los externos, los cuales, retroalimentándose entre sí y en el contexto de transiciones demografías en etapas aún tempranas, podrían dinamizar durante un buen tiempo la emigración de esa región y su tránsito por México. Al respecto, cabe advertir que el ciclo migratorio centroamericano es más joven que el mexicano.

Desde la perspectiva de la gobernabilidad migratoria, a la par de los cambios y transformaciones de la migración mexicana a Estados Unidos —que ha hecho de México no solo un país de emigrantes sino de retorno—, la intensidad del tránsito migratorio también ha convertido al nuestro, en décadas recientes, en país de tránsito e inmigración, y país de refugio; en términos de “cuestión migratoria”, una migración binacional se ha transformado en una migración regional. Tal vez esa transformación no sería tan problemática si no fuera porque la migración regional se desenvuelve en un contexto de irregularidad, desorden e inseguridad para los movimientos, y de vulnerabilidad para los migrantes en el origen, en los cruces, en el tránsito, en el destino y en el regreso. Pocas imágenes como las ampliamente conocidas de “La Bestia” reflejan la problematicidad, los dilemas, los dramas y tragedias tanto de la vulnerabilidad de los migrantes como de la irregularidad de las migraciones.

 

II. Política migratoria

 

Bajo el “espíritu del TLCAN”, en 2001 se entablaron negociaciones bilaterales buscando la regularización de los mexicanos que residían en Estados Unidos sin permiso o sin documentos, un programa de trabajadores temporales que incorporara un buen número de mexicanos, el otorgamiento de un número significativo de visas de inmigración, así como la creación de condiciones de seguridad y orden a lo largo de la frontera común, y cooperación para lograr un cambio significativo en las condiciones socioeconómicas de las principales zonas expulsoras. Dado que la regionalización migratoria ya estaba presente, los objetivos de México en 2001 eran casi “lo máximo” a lo que podía aspirarse en la línea de un “TLCAN-plus”.

Desde el 9/11, no ha habido mayores iniciativas al respecto. Sin embargo, México ha emprendido varias acciones unilaterales, con resultados insuficientes.5 Desde 2005 se ha buscado una “responsabilidad compartida” en el manejo de los flujos migratorios. En un principio se pretendía influir en las discusiones sobre una reforma migratoria en Estados Unidos a fin de que diera cabida, aunque parcial, a los intereses migratorios de México; pero los intereses de Estados Unidos ya habían cambiado, el “factor México” y la excepcionalidad mexicana habían perdido peso. La Ley de Migración de 2011 es pieza clave de los intentos de México para hacer frente a sus nuevas facetas migratorias. Se reconoce que esta Ley ha representado un gran avance normativo. La Ley establece como objetivos prioritarios la protección de los derechos humanos de los migrantes, la movilidad de las personas y la unidad familiar. Estimo, sin embargo, que la promulgación de esta Ley no es, ni puede ser, una respuesta suficiente frente a la irregularidad de las migraciones, ni que, por sí misma, cancela las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes. El camino por delante es largo y arduo, como parece sugerir la implementación del Programa Frontera Sur.

En los países centroamericanos, se ha tomado conciencia sobre el creciente papel que las migraciones están adquiriendo en esas economías y sociedades —se apreciaron primero las implicaciones de naturaleza económica, consideradas más bien positivas, y luego las de tipo social, generalmente más problemáticas. Desde 2004, existe un acuerdo de cuatro países (CA-4) que ofrece libre movilidad a los ciudadanos, pero no concede autorización laboral.

En Estados Unidos, todos los intentos por aprobar en el Congreso una “legislación migratoria comprensiva” han fracasado. Peor aún, la legislación se ha vuelto más restrictiva, lo que ha ido de la mano de la construcción de bardas —reales y virtuales—, redadas en lugares de trabajo, verificación de los registros laborales, devoluciones de trabajadores migrantes en situación irregular y expulsión de inmigrantes irregulares con antecedentes penales; provocando, sin embargo, la deportación de cientos de miles de migrantes acusados de delitos menores, en muchos casos de carácter administrativo.

En el segundo periodo del presidente Barack Obama, la situación no ha cambiado radicalmente, más allá de un leve relajamiento en materia de deportaciones y acciones ejecutivas de alivio temporal como DACA (programa de acción diferida para los migrantes que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad) y DAPA (programa de acción diferida para padres de ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos). La implementación de este último, por cierto, está judicialmente suspendida.

Al nivel bilateral, entre México y Estados Unidos, y con involucramiento de los países centroamericanos, se firmó la Iniciativa Mérida en 2008, uno de cuyos pilares es la creación de una infraestructura fronteriza eficiente y segura. A nivel regional, la entidad más consolidada es la Conferencia Regional sobre Migración, que trabaja desde 1996; su mandato, sin embargo, se mantiene acotado a aspectos importantes de logística y manejo migratorios. Un ejemplo de cooperación, puntual y coyuntural es la atención a la crisis de los menores no acompañados en 2014; al tomarse conciencia de este episodio, se promovieron reuniones de altos responsables de los principales países involucrados: los del Triángulo Norte, Estados Unidos y México. Pero se requiere mucho más.

 

III. Retos y oportunidades del contexto regional

 

Los retos que suponen para México los desfavorables entornos migratorio y comercial son ingentes. La creciente cerrazón al tránsito de migrantes sugiere una mayor complejización migratoria. La posible revisión del TLCAN sugiere incertidumbre, con efectos adversos en las inversiones productivas y el crecimiento del país.

El reforzamiento de la frontera y la muerte de migrantes o su repatriación siguen creando problemas y tensan la relación bilateral. La “migración neta cero” ha colocado al país ante nuevas disyuntivas; igual de importantes, pero de naturaleza distinta a las anteriores. La menor y más selectiva salida de mexicanos y los cuantiosos retornos de nacionales —de manera voluntaria e involuntaria, pero abruptos las más de las veces— están afectando el mercado laboral mexicano, seguramente de manera adversa, pues no experimenta “la despresurización emigratoria” bajo la que venía funcionando.6 No parece tener mucho sustento la hipótesis de una baja de la emigración por una mejoría sustancial de las condiciones económicas en México.7 El ingreso de remesas ha perdido dinamismo; decayó en los últimos años de la década pasada, aunque se ha recuperado en años más recientes —en 2015 se situaron en el rango de los 25 mil millones de dólares— hacia los niveles máximos alcanzados a mediados de la década anterior. Sin embargo, los escenarios para las remesas van del estancamiento a la volatilidad. En un contexto de ingresos petroleros muy disminuidos, e impredecibles, se incrementa la relevancia del aprovechamiento de las remesas.

Los retos de la regionalización migratoria no se deben tan solo a que las travesías se han vuelto cada vez más peligrosas para los migrantes y son fuente de potenciales conflictos para la región; sino también a que México —con una frontera sur que no está por completo bajo control y una frontera estadounidense casi cerrada— seguirá siendo, previsiblemente, “un país de tránsito” en el que no se pueden descartar crecientes filtraciones, más o menos voluntarias, del tránsito a la estancia (temporal o permanente). México, como todos los países, tiene escaso margen de maniobra al respecto.

En términos de una agenda, hay que incorporar, por razones de realpolitik, el “factor seguridad” en las discusiones y decisiones migratorias. El nuevo contexto geopolítico regional e internacional y la vecindad con Estados Unidos lo exigen. En la adaptación a poderosas fuerzas regionales y globales, el país enfrenta profundos dilemas y decisiones difíciles, tanto si se propone poner orden en la frontera sur como si se opta por una migración libre de facto. Sin embargo, por razones similares de realpolitik, también se debe incorporar a la agenda el “factor prosperidad” —una prosperidad compartida— como una exigencia de geopolítica regional, lo que redundaría en seguridad, orden y respeto para las migraciones.

Desde la perspectiva de la complejización migratoria, los tiempos no parecen apropiados para que el país se adentre en un proceso, seguramente desgastante y prolongado, de revisión del TLCAN. Los riesgos de esa revisión parecen muy elevados en la coyuntura actual. Este Tratado, a pesar de sus elevados costos,8 ha sido en el largo plazo y en su conjunto un elemento fundamentalmente favorable para el crecimiento y desarrollo económicos del país; un factor de estabilidad y certidumbre, y un factor de prosperidad. 

 

1 Francisco Alba, “El Tratado de Libre Comercio y la emigración de mexicanos a Estados Unidos”, Comercio Exterior, vol. 43, núm. 8, agosto de 1993, pp. 343-349.

2 Al tiempo que los migrantes en tránsito se han vuelto cada vez más vulnerables a bandas de criminales, así como a los abusos de numerosos policías y agentes migratorios.

3 Para muchos analistas, también contaron diversos factores de política estadounidense —rumores de amnistías—, así como el abuso y engaño de muchos agentes facilitadores.

4 Con los antecedentes de las fallas generalizadas del Estado de derecho en Centroamérica y México.

5 Francisco Alba, “Hacer virtud de la necesidad: Hacia una nueva generación de políticas para la migración México-Estados Unidos”, Este País, núm. 246, octubre de 2011, pp. 8-12.

6 No hay datos duros que permitan relacionar la cancelación de esta “válvula de escape” con un hipotético tránsito hacia la violencia y el crimen organizado de individuos que, de otra manera, se hubieran convertido en migrantes.

7 Puede sustentarse, en cambio, otra tesis: la disminución de la migración por causa de la desaceleración del dinamismo demográfico en décadas anteriores, traducido a su vez en una menor demanda laboral.

8 Nos referimos, sobre todo, a los costos típicos de cualquier proceso de reestructuración económica.

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Francisco Alba es profesor e investigador en El Colegio de México.