Instituciones bancarias y financieras en el desarrollo de México

José Antonio Meade Kuribreña

Instituciones bancarias y financieras en el desarrollo de México
El pasado, la vitalidad actual y el promisorio porvenir de Bancomext no pueden entenderse sin revisar y poner en valor la historia de nuestras instituciones financieras y, en particular, de la banca de desarrollo como uno de sus sectores más significativos. Es en esa revisión, justamente, donde el Banco reconoce su verdadera razón de ser y su sentido.

Desde finales de la Revolución mexicana iniciada en 1910, México decidió que había que conquistar la paz social, el crecimiento económico y el desarrollo por la vía de las instituciones. Aunque ello tomó todavía algunos años, es claro que el proceso de institucionalización empezó a mediados de los años veinte y que fue adquiriendo fuerza con el transcurso del tiempo.

El siglo XX mexicano fue, sin duda alguna, el del desarrollo de las instituciones políticas, económicas y sociales que dieron a nuestro país la fisonomía que hoy lo caracteriza. En conjunto, todas estas instituciones —tanto las nacionales como las que ayudamos a forjar en el ámbito internacional— representan un valioso legado construido a lo largo de muchos años por mujeres y hombres comprometidos con el desarrollo del país.

En muchos casos fue o ha sido necesario modernizar esas instituciones, transformarlas y así permitirles seguir respondiendo a los retos para los que fueron creadas. Ejemplo de ello es el Banco de México, nuestro banco central, fundado en 1925 como sociedad anónima y, desde 1994, por mandato constitucional, una institución que goza de autonomía plena.

En estas breves líneas deseo, en primer lugar, abordar la evolución de las principales instituciones de la banca de desarrollo de México y, en una segunda instancia, compartir algunos momentos importantes de la construcción institucional financiera reciente que he tenido el privilegio de observar de cerca.

 

La banca de desarrollo de México

 

Nuestra Banca de Desarrollo, es decir, el conjunto de instituciones nacionales de crédito encargadas de fomentar el crecimiento y el desarrollo de México, nace en la década de los veinte.

La primera de estas instituciones fue el Banco Nacional de Crédito Agrícola, fundado en 1926. Junto con el Banco Nacional de Crédito Ejidal (1935) y el Banco Nacional de Crédito Agropecuario (1965), se constituyó en el antecedente directo del Banco Nacional de Crédito Rural (1975) y de la actual Financiera Rural o Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, encargada de financiar el desarrollo del campo mexicano.

La segunda de las instituciones de la banca de desarrollo de México en aparecer fue el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, fundado en 1933, y que luego se transformó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), encargado de financiar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento.

Nacional Financiera se establece en 1934 con el objeto de “tomar a su cargo y llevar a cabo rápida y eficazmente la realización directa de la administración de los inmuebles que forman o hayan de formar parte de los activos de los bancos nacionalizados”, es decir, de reincorporar a la economía privada los bienes inmuebles adjudicados al Gobierno y a los antiguos bancos de emisión, aunque muy pronto, en 1940, la nueva institución se convirtió en el banco de fomento industrial del país. Con ello respondía a la necesidad de industrialización que vivía México desde los años treinta y que sería muy importante después del término de la Segunda Guerra Mundial.

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), cuyo 80 aniversario estamos celebrando, se fundó en 1937 con el objetivo de promover las exportaciones, estimular la sustitución de importaciones y la generación de divisas. Fue el primer banco de desarrollo especializado en comercio exterior de América Latina.

Diez años después, en 1947, se establece el banco de las fuerzas armadas de nuestro país, Banjército, el cual ha sido esencial para acercar los servicios bancarios y financieros a ese sector social.

El Patronato del Ahorro Nacional, establecido en 1950, se transformó en el 2002 en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), sumándose así a nuestras instituciones de banca de desarrollo. Uno de sus objetivos primordiales es favorecer la inclusión financiera de las personas de escasos recursos o que viven en poblaciones alejadas y que no cuentan con servicios financieros formales.

El Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, de 1963, da lugar en el 2001 a la Sociedad Hipotecaria Federal.

Esa es, a grandes rasgos, la familia de la banca de desarrollo de México, una familia formada por instituciones encargadas de llevar crédito a quien lo necesite y la cual recibió un gran estímulo para ampliar y fortalecer su acción a raíz de la reforma financiera impulsada por la actual administración.

 

La apertura económica y la construcción

institucional reciente

 

En los últimos cinco lustros, he tenido el privilegio de ser testigo directo de importantes cambios en la evolución de este desarrollo institucional. En 1994, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la autonomía recién otorgada al Banco de México marcaron un punto de inflexión en el proceso de transformación de nuestra economía, la cual dio entonces un giro para abrirse a los intercambios con el resto del mundo.

La creación del Sistema de Ahorro para el Retiro, aprobado en el Gobierno del presidente Ernesto Zedillo por la LVI Legislatura, fue otro momento clave. Como afirmó el presidente Zedillo en 1996, se trataba de crear “un sistema que estimule el ahorro personal y familiar, que asegure pensiones dignas y provea recursos de largo plazo para la inversión productiva”. Hoy los fondos de pensiones suman cerca de 3 billones de pesos, monto equivalente a casi 14% del producto interno bruto del país.

La siguiente legislatura, la LVII, asumió con gran sentido de responsabilidad el fortalecimiento del sistema financiero tras la crisis política y económica vivida por el país en 1994-1995. Estableció, además, el sistema de seguro de depósitos o de protección al ahorro que hoy protege la seguridad financiera de millones de mexicanos.

Como señaló el Presidente ante el Congreso de la Unión, en su informe de 1998, “las crisis financieras que se han presentado recientemente […] muestran claramente que, frente a la globalización financiera, el talón de Aquiles de las economías nacionales reside en la inadecuada regulación y supervisión de los sistemas bancarios”. Entre otros objetivos, señalaba la necesidad de “transparentar y racionalizar gradual y progresivamente la garantía de los ahorros confiados a los bancos, pues ello también propiciaría en estas instituciones mayor eficiencia y responsabilidad”.

En marzo de 2000, el presidente Zedillo señalaba que “el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, tiene una enorme responsabilidad: […] concluir las tareas de saneamiento financiero que la ley y sus regulaciones le confieren”, subrayando que “el crecimiento enorme del crédito que hubo en los años que precedieron a aquella crisis [de 1994-1995] se dio en un marco jurídico de insuficiente seguridad tanto para acreedores como para deudores”. El IPAB fue creado para promover dicha seguridad y la solvencia actual de nuestro sistema de pagos es testimonio de la trascendencia de aquella reforma. La ampliación de la participación extranjera en el sistema financiero mexicano ayudó a diversificarlo y a elevar, vía la sana competencia, la calidad y eficiencia de los servicios que ofrece a la sociedad mexicana.

En la primera parte de su administración, el presidente Vicente Fox propuso un conjunto de reformas en materia hacendaria que fueron aprobadas por la LVIII Legislatura y permitieron que el sector financiero volviera a ser un motor de crecimiento. En su opinión, “con las reformas en materia financiera fortalecimos la operación de todo el sistema, mejorando de manera significativa el marco regulatorio y de supervisión para que las instituciones financieras se desempeñen con la mayor transparencia y en condiciones de competencia”.

La LIX Legislatura dio otro paso trascendental al aprobar, en 2004, la Ley General de Desarrollo Social. Este ordenamiento profesionalizó la política social a través de programas e instituciones cuyo desempeño es cuantificable y sometido a evaluación periódica. Al promulgarla, el presidente Fox aseguró que la nueva ley “genera las condiciones para fortalecer el tejido social, reducir la brecha entre los más favorecidos y los que menos tienen y combatir de manera más eficiente la pobreza extrema”. El desarrollo ulterior de la política social ha demostrado no solo la pertinencia sino también la oportunidad de esa visión.

La LX Legislatura, durante la primera mitad del gobierno del presidente Felipe Calderón, aprobó una reforma al ISSSTE que fortaleció las finanzas de la institución y creó una afore pública responsable de administrar los fondos de pensión de los trabajadores del Estado. El entonces presidente la describió como la reforma más relevante para México en los últimos 10 años y subrayó que el nuevo ordenamiento “asegura la viabilidad financiera del Estado y garantiza la calidad de los servicios para las nuevas generaciones de servidores públicos”.

La LXI Legislatura aprobó un nuevo marco legal para proteger el medioambiente, combatir el cambio climático y fomentar el uso de energías renovables. La Ley General de Cambio Climático supuso un cambio que colocó a México a la vanguardia en la promoción del desarrollo y el uso de energías más limpias, menos contaminantes que las derivadas del uso de combustibles fósiles, visión reafirmada por la reforma energética que le siguió pocos meses después de su promulgación.

Todas esas reformas requirieron el concurso de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso. Ello también es cierto para todos los paquetes económicos aprobados desde 1997, incluyendo las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos.

 

Las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto

 

Las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobadas por el Congreso durante la primera mitad de su mandato (reformas en materia financiera y hacendaria, energética y de telecomunicaciones, laboral y educativa, de transparencia y de competencia económica, entre otros ámbitos) constituyen el momento más ambicioso de este proceso de transformación. Por su amplitud y profundidad, este es el conjunto de reformas más importante realizado en México en décadas y la base más firme para hacer de México un país en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y responsable en el ámbito global.

Los beneficios de las reformas estructurales ya han comenzado a sentirse. A pesar del complejo entorno exterior, nuestra economía crece, no al ritmo deseado pero a una tasa correcta si la comparamos con las que tienen nuestros principales socios comerciales u otras economías en América Latina y el Caribe. En lo que toca al empleo, desde diciembre de 2012 hasta mayo de 2017 se han creado más de 2 millones 700 mil puestos laborales, el mayor número para un periodo similar en nuestra historia. Y los salarios reales han tenido también su mayor incremento en décadas.

La banca privada —que opera en el país desde 1864, al inaugurarse el Banco de Londres y México— ha sido parte medular de la construcción de un sistema financiero sólido y estable. En años recientes, gracias a una competencia creciente y a la extensión del uso de las nuevas tecnologías, la banca privada ha ampliado el crédito a las actividades productivas y al consumo, con menores tasas de interés. Su labor ha sido decisiva para mantener el dinamismo de nuestro mercado interno y, con ello, el crecimiento económico y el desarrollo del país.

El desarrollo de México sería impensable sin el apoyo de las instituciones bancarias y financieras antes mencionadas y sin las mujeres y los hombres que, a lo largo de los años, las han sostenido e impulsado. Hoy reconocemos la importante labor desarrollada por una de ellas y le rendimos homenaje en su 80 aniversario: ¡felicidades a Bancomext! 

 

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José Antonio Meade Kuribreña es secretario de Hacienda y Crédito Público.